Extraído de: http://www.elfrancotirador.clHace tiempo ya que los artistas de la SCD y sus campañas desinformativas me venían hinchando las gónadas. Sin embargo lo que ocurrió este martes simplemente se salió de toda madre.
Como sabrán, en 2007 el gobierno llamó a una mesa donde empresas, artistas y ciudadanos -representados por diversas organizaciones- discutieran los cambios a nuestra Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Una reforma imprescindible tomando en cuenta que sus normas datan de 1970, cuando retroceder un casete con lápiz BIC se habría considerado tecnología de punta.
(Literalmente)
Y podríamos decir que las cosas marchaban relativamente bien. Los artistas y empresas estaban logrando un texto que resguardaba sus intereses económicos (hasta cierto punto), mientras la ciudadanía recuperaba su derecho a hacer uso legítimo de la cultura (…también hasta cierto punto).
Pero entonces sucedió algo que rompió todo el esquema. En un sorprendente artículo cargado de arrogancia, la propia SCD desveló un acuerdo firmado en agosto que no sólo alineaba al gobierno con sus intereses, sino que lo comprometía a no apoyar iniciativa alguna que contraviniera sus aspiraciones.
Curioso concepto de hacer diálogo: conversemos para aunar criterios… pero la decisión la tomé por secretaría.
Ahora, no pienso revisar punto por punto del acuerdo pues la ONG Derechos Digitales y los chicos de Liberación Digital ya lo hicieron en forma notable, pero déjenme darles 4 ejemplos prácticos del tete en que nos metió Sor Teresita de Los Andes:
1) Se eliminan excepciones para uso educacional y personal
¿Recuerdan cómo en el colegio o la universidad el profesor nos dejaba el capítulo de un libro en la fotocopiadora para el próximo certamen? Bajo la nueva normativa ello es ilegal, teniendo los autores derecho a exigir algo tan absurdo como que el establecimiento compre un libro por alumno o bien cada estudiante pague un ejemplar (como si la educación no fuera bastante cara).
Más aún: ni siquiera esa selección de canciones que regalas en un CD a tu polola o la música de fondo en un trabajo escolar serán legítimas, como sí sucede en EEUU bajo las políticas de “fair use“.
La SCD siempre tiene derecho a exigir su tajada.
2) Se elimina necesidad de probar que se hace uso efectivo de las obras
Creo que para todos reviste cierta lógica que, si me roban algo desde casa, deba demostrar qué fue sustraído para entablar una demanda contra el ladrón.
Lógico menos para la SCD, que asestó un golpe al sentido común al lograr que la normativa acepte la sola sospecha como causal para proceder al cobro.
Sobra recordar que este mismo principio es el que usa la RIAA en Estados Unidos para lanzar millonarias demandas por piratería a diestra y siniestra, sin siquiera probar que los acusados realmente descargaban canciones.
Afírmense, chiquillos.
3) Eliminación del arbitraje forzoso
Quizá usted piense que la SCD es una organización caritativa que lucha por llevar un mendrugo de pan a la boca de los músicos, pero no se engañe. Aunque no lo crea, actualmente la Sociedad del Derecho de Autor tiene el monopolio de la representación de los artistas y ella fija -a su entero antojo- cuánto cobra a radios, productoras, locales y otros por usar sus canciones.
(Y créanme, no es nada barato).
La nueva LPI pretendía crear un sistema de arbitraje donde un árbitro-arbitrador (¡tee-hee!) dirimiera un precio justo en caso de desacuerdo, dando mejores oportunidades a los pequeños empresarios. Gracias al acuerdo secreto esto se desechó, estableciendo como última instancia nada menos que la diligencia de… los Tribunales de Justicia.
Sumen a esto que se eliminan las excepciones de pago de locales comerciales pequeños o salas de espera y comprenderán de lo que estamos hablando.
4) Se elimina responsabilidad de los proveedores de Internet
Lejos el punto más nocivo, la SCD entiende que Internet se creó con el exclusivo fin de piratear la música de sus afiliados, por lo que las empresas proveedoras deben pagarles un canon a modo de indemnización el que -por supuesto- será traspasado a los usuarios.
Esta interpretación horrenda tiene el mismo sentido que si hicieramos a los concesionarios de las autopistas responsables por la legalidad de lo que se transporta a través de las mismas, o peor aún, imagina que desde mañana cada supermercado decide que han tenido suficientes robos-hormiga y, para compensar, todos debemos pagar entrada si queremos ingresar a la tienda (espero no estar dándoles ideas).
Así que la próxima vez que se encuentre con su músico de la SCD favorito, siéntase libre de propinarle un soberano combo en el hocico: lo están tratando de ladrón en sus narices.
Podríamos seguir enumerando, pero la conclusión es que como sociedad no podemos permitir que una aberración de semejantes características se convierta en ley.
Porque coincidiendo con Claudio en que se acabó la buena onda, digamos las cosas como son: los artistas que más lloriquean contra los avances que busca la nueva LPI son justamente los más mediocres. No sólo aquellos que pretenden obtener por ley de lo que su talento no les provee, sino los que han sido incapaces de comprender que el mundo ha cambiado y, que en vez de adoptar o explorar nuevos modelos de beneficios, pretenden que todos financiemos su fondo de pensiones.
En cualquier lugar del mundo, a eso se le llama parásito.
Y por otro lado, nuestro gobierno parece no haber aprendido nada del trance del acuerdo con Microsoft y continúa negociando a espaldas de los ciudadanos. Es una vergüenza que precisamente a 20 años del triunfo de la democracia propinado por la gente, la Concertación se aplique cada vez más al concepto del gobierno “por el pueblo, pero sin el pueblo”.
Basta ya. ¿Qué podemos hacer? Escándalo. No dejar de hablar del tema. Comentarlo a nuestros familiares y amigos. Escribir sobre él en los foros o en nuestro blog. Unirnos a las campañas contra este trato abusivo, contra los arreglines de pasillo y exigir que de una vez por todas se respeten nuestros derechos e -incluso- nuestra dignidad.
Que esto sea la marcha de la bronca.
